XX Marcha Mundial de la Marihuana – Madrid 7 de mayo 2016

¿POR QUÉ TIENES QUE ACUDIR?

El motivo de la convocatoria de esta manifestación es la situación jurídica de los usuarios y usuarias de cannabis a los que se lesionan sus derechos sistemáticamente.

El consumo no es legal, pero tampoco sancionable si se realiza dentro de un ámbito privado.

La tenencia en la vía pública es ilegal y se sanciona con un mínimo de 601 €. Si te sancionan 3 veces en dos años la multa mínima impuesta será de 3.001 €, solo por portar la sustancia que no consumirla. El consumo en la vía pública se sanciona de la misma forma que la tenencia.

El cultivo de cannabis para autoconsumo no es legal, pero tampoco es sancionable penal (Reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo así lo señala), ni administrativamente (siempre que no esté visible al público Art 36.18 ley 4/2015).

El problema es que la ausencia de una regulación hace que cualquier intervención de plantas de cannabis tenga que llevarse por la vía penal (al no estar regulado un número de plantas o gramos) y sea un juez el que determine en base a los indicios existentes, si tal conducta tiene transcendencia penal.  En caso de que no la tenga se resolverá el procedimiento penal de manera favorable para el cultivador, siendo absuelto, y si las plantas estuvieran visibles al público, podrá dar traslado del expediente a la subdelegación de gobierno para que tramite procedimiento administrativo sancionador en base al Art 36.18 ley 4/2015. (El aumento en la ley 4/2015 de los plazos de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos blinda a la administración frente al ciudadano, más cuando ha tenido que pasar por un proceso penal innecesario con lo que ello supone (gastos, pena de banquillo …).

No hay que olvidar tampoco la cantidad de recursos públicos que la administración pierde con esta ausencia de regulación, policía, fiscalía, aparato judicial, análisis toxicología…

Una de las opciones que surgieron con cierto amparo legal hasta hace poco fueron los Clubes Sociales de Cannabis.

Con el panorama anteriormente expuesto al que se enfrentan los usuarios y usuarias, una de las opciones que surgieron con cierto amparo legal hasta hace poco fueron los Clubes Sociales de Cannabis, en las que en base a lo anterior; que el auto-cultivo no es sancionable ni penal ni administrativamente siempre que no este visible al público y que el consumo en el ámbito privado no es sancionable administrativamente, se utilizó la doctrina del consumo compartido establecida por el Tribunal Supremo (Consumo en lugar cerrado, con personas identificadas, usuarios previos, que realizan un consumo inmediato), para qué, bajo el paraguas del modelo asociativo crear un proyecto de abastecimiento conjunto, cumpliendo los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo, ya que la personalidad jurídica asociativa ayuda sin lugar a dudas a cumplir esos requisitos y es transparente respecto del global de participantes en el proyecto, en base a su gestión cooperativa y asamblearia.

Pero sin lugar a dudas lo mejor de constituirse como asociación es la validación por parte administración de los fines de consumo compartido, autorizando ésta expresamente los mismos y a la vez demostrando transparencia respecto de lo que se va a llevar a cabo.

Pero la relación con la administración no acaba ahí dado que los Clubes Sociales de Cannabis tramitan licencias de actividades (club privado de fumadores), donde aportan también sus estatutos con sus fines y actividades; licencias que son concedidas por los ayuntamientos .

La situación ha cambiado recientemente, porque este cierto amparo legal, se ha visto limitado de forma extrema dejando un margen de maniobra muy reducido a estas entidades

El Fiscal General del Estado hace llegar una instrucción a todos sus inferiores jerárquicos para que empiecen a imputar a estas entidades y a sus juntas directivas, ya no solo un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud, sino también un delito de asociación ilícita o pertenencia a grupo criminal.

Tras una trayectoria de más de 15 años de sentencias absolutorias por todo el estado, tanto en primera como en segunda instancia, la situación empieza a cambiar a partir del 5 de agosto de 2013. Ese día el Fiscal General del Estado hace llegar una instrucción a todos sus inferiores jerárquicos (Instrucción 2/2013) para que empiecen a imputar a estas entidades y a sus juntas directivas, ya no solo un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud, sino también un delito de asociación ilícita o pertenencia a grupo criminal.

El objetivo de esta instrucción es que los procedimientos contra Clubes Sociales de Cannabis cambien de tracto judicial, y que en vez de seguirse los asuntos en primera instancia en los Juzgados de lo Penal y en segunda instancia en la Audiencia Provincial, lo haga en primera en la Audiencia Provincial y en segunda en el Tribunal Supremo.

Tras la puesta en marcha de esta estrategia diseñada por el Plan Nacional sobre Drogas, impulsada por el Partido Popular y ejecutada por el Fiscal General del Estado (cargo político); en septiembre de dos mil quince se resuelve el primero de los asuntos por parte del Tribunal Supremo, el cuál anula la sentencia absolutoria emitida por la Audiencia Provincial de Vizcaya y condena a los anteriormente absueltos a penas de cárcel y multas.

Sin lugar a dudas la interpretación que hace el Tribunal Supremo es muy conservadora y totalmente alejada de la realidad social, donde el uso del cannabis, y la existencia de los clubes sociales de cannabis son están plenamente integrados en la sociedad.

Posteriormente han ido llegando otros casos al Tribunal Supremo, siendo hasta el día de hoy 3 las sentencias condenatorias a Clubes Sociales de Cannabis en este Alto Tribunal, siendo las tres sentencias idénticas (copia pega literal) y con iguales características (absoluciones que se convierten en condenas), y es que el Alto Tribunal indica que el funcionamiento de los clubes sociales de cannabis no cumple los requisitos del consumo compartido y desborda el espíritu con el que fue inspirado, indicando además que los Magistrados no son legisladores y pesea entender el debate social y la tendencia internacional, las cuales conocen, indican que ellos solo pueden aplicar la ley.

Sin lugar a dudas la interpretación que hace el Tribunal Supremo es muy conservadora y totalmente alejada de la realidad social, donde el uso del cannabis, y la existencia de los clubes sociales de cannabis son están plenamente integrados en la sociedad.

Por otra parte, son varios ya los procesos iniciados en distintas autonomías con el apoyo de la mayoría de las Fuerzas Políticas, para poner en marcha procesos de regulación a nivel autonómico:

En Euskadi, fue la sociedad civil la que impulsó en el Parlamento Vasco una Ponencia Parlamentaria que cristalizó el pasado 8 de octubre de 2014 en forma deResolución apoyando la regulación de los Clubes Sociales de Cannabis en la siguiente Ley de Adicciones de Euskadi. Fue apoyada por todos los Grupos Políticos menos el Partido Popular.

En Cataluña, fue la propia Administración en concreto la Conserjería de Salud la que instó al Parlamento Catalán a que pusiera en marcha esta regulación y el pasado 6 de noviembre de 2014 emitió una resolución con una serie de criterios en los que se debería basar una regulación de los Clubes Sociales de Cannabis.

En Navarra fue también como en Euskadi, la Sociedad Civil organizada la que proyectó una ILP mediante la recogida de firmas, que se llevó a votación en el Parlamento Navarro aprobándose en el mismo y publicándose en el Boletín Oficial de Navarra el pasado 15 de diciembre de 2014

Hace escasas fechas el Parlamento Catalán ha dado por buenas casi 55.000 firmas a favor de una regulación de los Clubes Sociales de Cannabis, por medio de otra ILP al igual que en Navarra.

Otro ejemplo, son las propias administraciones locales, que se adelantan para poner orden a nivel municipal mediante "Ordenaciones urbanísticas", como la del Ayuntamiento de San Sebastián relativa a las asociaciones de usuarios de cannabis.

Tanto la Ley del Parlamento Navarro como la Ordenanza de San Sebastián han sido recurridas al Tribunal Constitucional y al Tribunal Contencioso Administrativo respectivamente, por parte del Gobierno y del Partido Popular.

El proyecto de Ley de adicciones de Euskadi, ya ha sido señalado igualmente como candidato a seguir el mismo camino.

Todos estos recursos los argumentan tanto el Partido Popular como el Gobierno en la falta de competencia tanto de los Parlamentos Autonómicos como de los Ayuntamientos para regular cuestiones que dependen de leyes que solo pueden modificarse en el Parlamento Nacional, tales como el Código Penal, como la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o la Ley de estupefacientes.

Es significativo que tanto el Tribunal Supremo como el Partido Popular estén de acuerdo en que estas cuestiones se traten en los foros oportunos, pero es preocupante que el Partido Popular no esté dispuesto ni a abrir el debate, pues no han sido pocos los intentos de tratar esta cuestión donde realmente se tiene que tratar no habiéndose tenido una oportunidad real para realizar un debate serio, objetivo y técnico.

Ese es precisamente el objetivo de la convocatoria de esta Vigésima Marcha Mundial de la Marihuana de Madrid, solicitar a la clase política que sea valiente y coherente y asuma de una vez este necesario debate y impulsando una ponencia en Sede Parlamentaria para el estudio de una regulación integral y responsable del cannabis, sin prejuicios y cortapisas, una ponencia donde se incluya a la sociedad civil y que se desarrolle bajo principios técnicos, objetivos y bajo un enfoque de los derechos de las personas usuarias.